El Gobierno nacional definió, a través de un decreto que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, que las empresas ya no estarán obligadas a realizar aportes económicos a las cámaras empresariales, una práctica que había sido incorporada en algunos acuerdos colectivos y que generaba controversia entre los empleadores.
La medida apunta a modificar una situación que, según el texto oficial, carece de fundamento normativo: hasta ahora, varios convenios colectivos incluían cláusulas que imponían contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales firmantes, exigidas incluso a empleadores que no están afiliados ni asociados a esas entidades. El decreto aclara que esta práctica no tiene sustento legal y que, por lo tanto, las cámaras no pueden exigir pagos compulsivos a quienes no son parte de sus estructuras.
La cuestión de los aportes compulsivos fue señalada por numerosas pymes, especialmente en el sector comercial, donde se concentra una porción significativa de estos pagos. El argumento central detrás de la reforma es que los convenios colectivos son acuerdos entre partes, es decir, entre sindicatos y cámaras empresariales, pero no pueden generar obligaciones para terceros ajenos al acuerdo, como ocurre con las empresas no afiliadas. Sin embargo, durante años, el Ministerio de Trabajo interpretó de manera amplia el alcance de estos convenios, homologando cláusulas que extendían la obligación de aporte a toda la actividad, lo que derivó en el sistema actual.
El cambio representa un desafío económico significativo para muchas cámaras empresariales, que financian parte de su estructura con estos aportes compulsivos. Sin esa fuente asegurada, deberán reconfigurar sus estrategias de financiamiento, depender más de los aportes voluntarios de sus afiliados y, posiblemente, redefinir su oferta de servicios para captar nuevos socios.
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